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El alcalde de Vitoria acusa a los magrebíes de “vivir de las ayudas sociales” y de “no tener interés en trabajar”. Acusa a SOS Racismo de empadronar a 1200 magrebíes en un local suyo para acceder a las ayudas sociales vitorianas no residiendo en la ciudad.

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), ha acusado hoy directamente al colectivo magrebí de venir a Vitoria a “vivir de las ayudas sociales”. El alcalde ha denunciado el fraude social en el colectivo magrebí. “En la calle, lo que se dice y piensa en la calle es exactamente lo mismo que estoy diciendo yo”.

El alcalde ha asegurado, durante una entrevista en Hoy por Hoy Vitoria de la Cadena Ser, que “el fraude en las Ayudas sociales para algunas nacionalidades concretas es escandaloso. Es más, algunas nacionalidades viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar e integrarse”, ha asegurado Javier Maroto.

El alcalde ha puesto como ejemplo de nuevo el caso del yihaidista que falleció en Siria mientras cobraba RGI en Vizcaya, y estuvo cobrando las ayudas durante seis meses tras su muerte. Maroto ha fijado su mirada en Argelia y Marruecos como “los casos más evidentes” de esta situación. “Hay personas que vienen porque les han dicho que aquí puede vivirse de las ayudas sociales. Y eso a mí me parece fraude”. Maroto ha insistido en que son personas que vienen “a vivir del cuento”.

La periodista de la SER ha advertido al alcalde de la peligrosidad del discurso, al hablar de los de aquí y los de allí. Este comentario le ha servido al alcalde para diferenciar entre inmigrantes. “No es lo mismo las personas que vienen a trabajar de Latinoamérica que vienen a trabajar y principalmente a integrarse. No veo la misma actitud en otras Nacionalidades. Y te digo Argelia y Marruecos porque son los casos más evidentes”, ha concluido.

El Síndico pedía ayer tener esos datos de fraude social, que Maroto se ha comprometido a ofrecer en septiembre. El primer edil vitoriano ha asegurado, eso sí, que “el dato de fraude en las Ayudas Sociales es como el dinero negro en la Economía: No está en las cuentas y lo que hay que hacer es evitarlo”.

Maroto ha querido insistir en que en los últimos meses se ha borrado del padrón a 3.000 personas en Vitoria. Aunque nunca se ha concretado cuántas de estas personas estaban cometiendo fraude, el alcalde ha insistido en ligar el empadronamiento falso con el cobro de Ayudas Sociales: “Hemos expulsado del padrón a 3.000 personas en Vitoria, 3.000 personas que estaban de forma irregular en nuestra ciudad, y que les hemos dado de baja porque el objetivo de muchas de estas personas era acumular el padrón suficiente para cobrar ayudas sociales”. Una afirmación que no deja de ser, en cualquier caso, más que una suposición.

Desde verano el regidor popular ha abanderado una propuesta para reformar en el Parlamento Vasco la ley que regula la renta de garantía de ingresos (RGI) y endurecer los requisitos de acceso al sistema, aunque finalmente será una plataforma ciudadana la que presente la idea en forma de iniciativa legislativa popular.

En Euskadi la cuantía media de la RGI es de 584 euros pero la cifra varía en función del tamaño de la familia. Así, se concede un máximo de 612 euros para un miembro, 719 para dos y 875 euros a partir de tres (920 euros si es monoparental). A estas cantidades se le puede añadir un máximo de 250 euros en concepto de prestación complementaria de vivienda para el pago derivado de alquileres.

En una entrevista con Efe, el alcalde vitoriano ha explicado hoy que el sistema de protección de protección social vasco es "muy parecido al escandinavo en las cantidades", pero está "completamente alejado de la realidad en cuando a los criterios de acceso".

En su opinión, la normativa vasca "permite" que haya abusos y por ello es necesario "depurar el sistema y perfeccionar la norma" para detectar el fraude y destinar esa "bolsa de decenas de millones" de euros a que las ayudas lleguen "a los que realmente lo necesitan".

Maroto ha recalcado que su propuesta no pretende "quitar la RGI ni recortar derechos" sino "dejar fuera del sistema al que abuse, tenga ocho apellidos vascos o haya nacido en otro país -ha dicho-", e incorporar a "nuevos perceptores" a los que "ahora no llega la ayuda por esos fraudes".

"Mi propuesta no tiene ni una gota de racismo ni xenofobia. Solo pretendo dejar fuera a quien se está riendo del sistema", ha expuesto Maroto, al tiempo que ha añadido que "a los parlamentos sueco, danés y noruego nadie les llama racistas cuando conservadores y socialdemócratas votan juntos que las ayudas sean para personas en situación regular y con residencia efectiva" en el país.

En Euskadi sin embargo el resto de formaciones políticas "se han puesto una venda en los ojos" en este tema.

A pesar de ello ha considerado que PNV, EH Bildu, PSE y UPyD "no van a tener arrojos a decirle 'no y punto' a una plataforma ciudadana con 30.000 firmas", que son las necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular en la Cámara de Vitoria.

Ha rechazado que su cruzada para cambiar la RGI sea una "ocurrencia" que busque votos en las elecciones municipales del año que viene porque, según ha asegurado, desde que accedió al cargo "ha tomado medidas" para atajar el fraude en las ayudas sociales municipales, referidas principalmente a la alimentación.

También se ha referido al incidente ocurrido la semana pasada en un autobús urbano en Vitoria cuando un conductor denegó el acceso a una mujer vestida con burka. Sobre este asunto el alcalde popular ha pedido que no se "criminalice" a este trabajador.

Se ha mostrado partidario además de "adaptar la normativa" para que, "como ocurre en el resto de Europa", cuando una persona se dirige a la administración o solicita un servicio público pueda ser identificada de forma inequívoca.

"Es algo absolutamente razonable y no solo por motivos de seguridad", ha señalado Maroto, que ha subrayado que "no es lo mismo un pañuelo musulmán, un sombrero o una boina, que un burka que directamente no deja ver quién está detrás".

 

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